Desde la Plataforma por la Desobediencia Civil, que agrupa a colectivos y personas preocupadas por el aumento de la represión llamada de “baja intensidad”, se pone en marcha esta iniciativa ciudadana:

"Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 1/1992 (“Ley Corcuera”), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden, en teoría, pedir la documentación a cualquier persona que se sospeche que pueda estar cometiendo un delito."

"Con mucha frecuencia se requiere la identificación a personas en función de su color de piel o de su aspecto. Estas identificaciones son, por tanto, arbitrarias, y constituyen auténticas persecuciones racistas y políticas sobre personas que se reúnen, se manifiestan o simplemente transitan las calles de esta ciudad."

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