Desde el 1 de enero, toda persona que tenga un empleado de hogar en su casa debe darle de alta en la Seguridad Social, como en cualquier trabajo, aunque éste se desempeñe en la privacidad de un domicilio o lo haga durante unas pocas horas a la semana. La entrada en vigor de la nueva regulación del servicio doméstico busca igualar las condiciones laborales de un colectivo sobre el que se han cebado los abusos y el fraude, a la vez que hacer aflorar empleos ejercidos al margen de la legalidad. En Euskadi hay casi 106.000 hogares que tienen servicio doméstico, con un total de casi 90.000 trabajadoras, según un estudio que publicó el año pasado el Gobierno Vasco. El informe, que se realizó a través de 6.000 encuestas telefónicas, permitió un mejor conocimiento de un sector en el que ocho de cada diez empleadas (unas 72.000) no están afiliadas a la Seguridad Social. Pese a este dato, no cabe hablar en todos los casos de economía sumergida, ya con el anterior régimen no era obligatorio cotizar si se trabajaba menos de veinte horas semanales. Se calcula que alrededor de un 7% (5.040 personas) se ajustaba a esta condición y que el resto, unos 68.000 empleos, sí se ejercían fuera de la legalidad.
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