Cerca de 870.000 personas perdieron su tarjeta sanitaria con la reforma del Gobierno de 2012, muchas de ellas inmigrantes en situación irregular
La Defensora del Pueblo y el Tribunal Constitucional han puesto en duda el ahorro económico de excluir a estas personas de la sanidad pública

Las ONG denuncian los errores sistemáticos en los centros sanitarios públicos en situaciones en las que estas personas sí deberían ser tratadas: urgencias, menores de edad y embarazadas.

Por el camino quedan las denuncias de irregularidades en la atención obligatoria, como las urgencias, y la muerte de tres personas: Alpha Pam, Soledad Torrico y Janeth Beltrán.

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