Red Inmigrante, 25-04-2012. El Real Decreto-ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, que impide el acceso a la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares que viven en España, podría ser inconstitucional porque su aplicación requiere de la modificación de al menos cuatro estatutos de autonomía. Se trata de los de Aragón, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Según el presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Pascual Agüelo, dichos estatutos son normas que un Real Decreto-ley no puede derogar porque tienen carácter orgánico y han sido aprobadas con doble tramitación parlamentaria.
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