Los controles policiales discriminatorios basados en perfiles raciales o étnicos son una triste realidad que tenemos que sufrir de manera cotidiana. Estos controles ilegales e inmorales que la policía realiza contra la población migrante han sido denunciados tanto por organismos internacionales (por ejemplo la ONU o Amnistía Internacional) como por diversos colectivos dentro del estado que llevan años luchando contra estas injusticias. Incluso el Sindicato Unificado de Policía acaba de denunciar su existencia y la vergüenza que suponen tanto las redadas como las condiciones que sufren las personas que, tras ser detenidas por no tener papeles, son encarceladas en los Centros de Internamiento para Extranjeros. Sin embargo el Ministerio del Interior y la policía niegan una y otra vez que se produzcan estos controles, pues saben que no tienen ningún derecho a realizarlos. Dentro de su estrategia de ocultamiento y represión, una táctica cada vez más utilizada consiste en identificar (y muchas veces proponer para sanción) a las personas que se detienen a observar y/o documentar estos controles. Se trata de intimidarnos. Castigarnos por ver lo que no quieren que veamos, por estar donde no quieren que estemos, por no bajar la cabeza y convertirnos en cómplices de sus acciones como quieren que seamos. Cuando nos suceda algo así, podemos y debemos ir al juzgado y denunciar.
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