eldiario.es "La reforma sanitaria del Gobierno de 2012 excluyó de la atención pública normalizada a cerca de 870.000 de personas, la mayoría inmigrantes en situación irregular, pero también a ancianos como Víctor, que no han cotizado en España y que llegaron al país gracias a una reagrupación familiar aprobada por la Administración.
Lo mismo le ocurrió a Lourdes y a la madre de Claudia (nombre ficticio) en Valencia. En estas situaciones, el INSS interpreta que estas personas deberían haber venido a España con un seguro privado, algo que no se les exigió cuando sus familiares tramitaron los papeles."

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