. J., nigeriana, llegó en una patera a la costa de Motril (Granada) el 9 de agosto del año pasado. Contó a la Policía que era menor de edad y dos días después el fiscal autorizó las pruebas de osteometría (muñeca, fémur y tibia) para confirmarlo. Un hospital de esa ciudad determinó: «Edad ósea de 18 años según los criterios establecidos por Greulich y Pyle para varones de raza blanca en la costa este de USA». Diagnóstico en principio perfecto salvo por el leve detalle de que la radiografiada era mujer, de raza negra y afirmó ser nigeriana. Como supuestamente era mayor de edad, la Delegación del Gobierno en Andalucía autorizó la devolución a Nigeria el 2 de septiembre, ignorando que se había solicitado la suspensión de esa medida porque la chica insistía en que era menor. El Defensor del Pueblo y la ONG que se entrevistó con ella sospechaban que era víctima de explotación sexual. Ahora nadie sabe qué ha sido de ella. Como de tantas.
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