El Diario, 10-04-2024. Ser una persona migrante en situación irregular no sólo supone estar expuesta a sufrir más delitos, sino que también significa arriesgarse a ser expulsada o multada cuando se acude a una comisaría a presentar una denuncia o a realizar un mero trámite administrativo. La oficina del Defensor del Pueblo viene denunciando esta situación de indefensión jurídica desde hace dos décadas y en su memoria sobre 2023 (págs. 186-187) indica que las quejas en este ámbito “destacan, un año más”, vinculando esta situación a que los datos sobre denuncias no reflejen los datos reales, “uno de los principales problemas de la lucha contra la discriminación. Lo que no se denuncia no consta en las estadísticas y, por tanto, no existe. Cualquier obstáculo para la interposición de una denuncia desincentiva a las presuntas víctimas e invisibiliza problemas reales”.
Noticia completa